Última parte 

No obstante que el período emancipador abarca más de dos décadas, por el lado oficial, al parecer, se cerró el ciclo conmemorativo de los 200 años de la Independencia. Para el actual mandatario, Juan Manuel Santos, la celebración coincidió con su ascenso a la Presidencia de la República, algo grandioso para cualquier ego, en particular, si se tienen ambiciones trascendentales. Bien servido, clausuró la Alta Consejería para el Bicentenario, creada tardía y forzosamente por su antecesor Álvaro Uribe. A éste le pasó lo contrario, quiso torcerle el cuello al calendario de la efeméride, consensuado por los países latinoamericanos concelebrantes, para festejar en el Bicentenario de la Batalla de Boyacá (7 de Agosto de 2019), la segunda década del Estado Cumunitario, con un país marchando firme bajo su liderazgo autoritario y mesiánico. A regañadientes asumió los festejos del 20 de Julio -redimensionados por la Alta Consejera- y la Corte Constitucional le cerró el paso a su ambición continuista. 

En el período de celebraciones fue notoria la ausencia de los partidos políticos tradicionales y de las coaliciones creadas recientemente con sus desmembraciones, más aún cuando reclaman raíces en esos hechos históricos. La excepción estuvo por las orillas más opuestas del espectro ideológico del país. Uribe y sus áulicos, como ya se dijo, intentó cambiar el carácter y la fecha de la conmemoración y adaptarla a sus objetivos políticos. 

Prometía comandar una segunda independencia, esta vez de la violencia, en su visión causante de la pobreza, con un proyecto de “seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista”. En confrontación, un frente de organizaciones sociales dio inició a la Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia contra la opresión interna y externa, en su análisis, raíz de la miseria y la exclusión, con una apuesta por la “solución negociada del conflicto armado, justicia social y liberación nacional”. En esa radical contradicción en algo coinciden los extremos con muchos colombianos de a pie, consultados a propósito de los 202 años del 20 de Julio, invocando disímiles razones y significados: no somos independientes. 

El analfabetismo político impide la libertad 

Si bien lo expuesto da cuenta de una actividad conmemorativa variada, enriquecedora, pluralista y de amplia cobertura, la valoración del impacto de los análisis, las ideas y las propuestas puestas en circulación no es positiva. 

Varias encuestas evidencian que un alto porcentaje de ciudadanos desconoce lo que se celebró y su importancia para el país. Un sondeo en varios países latinoamericanos dejó al descubierto un desinterés generalizado por el hecho histórico y su celebración. A la par con ello, en los últimos años, las exigencias de la apertura neoliberal condujeron a reformas en la educación que, tras la 

apariencia de cambios avanzados en la pedagogía, orientados a estimular competencias investigativas y ciudadanas e integrar materias afines, por el contrario conducen cada vez más a la apatía, la superficialidad, la incapacidad de una lectura crítica de la realidad, la desconexión con los contextos y antecedentes de la vida personal y social, y, en consecuencia, la carencia de capacidad propositiva y compromiso con el cambio. No es de menor la diferencia entre no ser analfabeto y leer, escribir y expresarse pensando. 

Los publicistas del neoliberalismo, extremando la necesidad de que la sociedad colombiana dé un viraje a su perfil profesional y técnico, hacia la formación para la producción para ser mas competitiva, fustigan la importante matrícula universitaria en áreas sociales, en particular de historia, urgiendo políticas que incentiven carreras orientadas a la cualificación de mano de obra. Argumentan una extraña coincidencia de la preferencia por las ciencias sociales con el subdesarrollo, pero evitan contrastarla con injusticia, pobreza, sometimiento y exclusión, problemas que aquellas auscultan para preocupación del statu quo, frente a la indiferencia individualista del capitalismo actual. Paradójicamente, en un reciente editorial, el periódico El Tiempo clamaba por recuperar y mejorar la cátedra de historia en la educación básica, afectada por la política educativa, dado que “Es difícil que una sociedad que ignora su pasado pueda discutir con seriedad y sin intolerancia sus problemas”. 

Es tal la incoherencia en la materia, que el Ministerio de Educación, responsable del problema al sujetar las metas del milenio a un asunto de cantidad, asumir orientaciones pedagógicas aparentemente progresistas pero sustancialmente ineficaces y confundir calidad con disponibilidad de tecnología, fue la entidad pública que desarrolló una de las agendas conmemorativas más interesante, pedagógicamente innovadora, pluralista y deliberativa a través de la estrategia Colombia aprende con el Bicentenario. Historia hoy, apoyada por un maletín didáctico entregado a las escuelas del país que es un verdadero tesoro de recursos impresos y audiovisuales para el estudio y comprensión del período independentista, sus diversas manifestaciones y sus repercusiones; el Foro Educativo Nacional y el concurso 200 años, 200 preguntas. Esfuerzo que ameritaba continuidad. Pero pasada la celebración legitimante ¿historia para qué? Menos cuando los sectores más reaccionarios advierten que en esas “liberalidades” está la causa del desafecto de la opinión urbana por los politiqueros y el germen de la movilización de estudiantes que obligó a engavetar la reforma educativa que imponía las cláusulas del libre comercio al sector. 

La crisis ocasionada por la estrafalaria reforma a la justicia (junio de 2012) nos develó como un país políticamente analfabeto y, por ende, el rotundo fracaso de la formación para la ciudadanía. Si por un lado fue notorio el impacto de la movilización de algunas organizaciones no gubernamentales y los medios en la indignación pública y el frenazo en seco gubernamental, la pregunta de cómo en una democracia pasa algo tan grave y no pasa nada, queda en el aire. La vigencia de un régimen político clientelista y mafioso es posible, en la medida en que existe un electorado que lo avala, bien por corrupción o por ignorancia, y en ambos casos es palmaria la carencia de ciudadanía, es decir de un comportamiento formado, ético y participativo, por tanto autónomo, frente a lo público y el ejercicio de derechos. Formar políticos y servidores públicos eficientes y honestos para la construcción de una democracia real, también sería tarea de una educación de calidad. 

Patético que un Congreso apruebe una reforma venal, que la Justicia la negocie, que el Ejecutivo la consienta y, ante la reacción, la acabe amañando la Constitución y la Ley, y que la gente sea incapaz de una interpretación sistemática del asunto, se aliviane con cualquier excusa y esté a expensas de los afanes cortoplacistas e interesados de los medios, en este caso no por ello menos positivos, o de las salidas intrépidas. Con contadas excepciones, la “clase política” da asco. La noción del político como el representante más idóneo y transparente de los intereses de la sociedad fue tergiversada a favor del taimado vividor. En ese aspecto, doscientos años de vida republicana nos han servido poco. El equívoco epíteto de “Patria Boba” con que se calificó al interregno de búsquedas abierto con el Grito de la Independencia en 1810 y cerrado a sangre y fuego por el régimen del terror impuesto por Morillo a nombre de la monarquía española en 1816, si que es preciso hoy. Pero como entonces, hay esperanzas. 

*Síntesis de un trabajo que con el mismo nombre realiza una amplia revisión crítica de la producción cultural y científica alrededor de la conmemoración, en la historiografía, la museografía, la industria editorial, la academia, el arte y los medios de comunicación. 

** Politólogo, abogado, investigador social y periodista