Bogotá ha apoyado la fórmula, que después de muchos estudios, lograron establecer los Ministerios de Trabajo, Salud y Cultura para lograr la inversión de los recursos para la seguridad social de artistas y gestores culturales provenientes del 10% de la estampilla pro cultura. Si bien no ha dejado de haber pronunciamientos contrarios a la fórmula propuesta (este mes de junio grupos en las barras del Senado manifestaron su desacuerdo), la SCRD, a través de su Dirección de Regulación, ha realizado desde 2012 talleres y mesas de trabajo para analizar y concertar las posibilidades que se le abren a los recursos que fueron establecidos hace dieciocho años con la promulgación de la Ley General de Cultura (397). Consideramos que la propuesta consignada en el proyecto 084 de 2014, además de ser un reconocimiento focalizado en los más vulnerables, que parte por reconocer que hay personas que contribuyen al patrimonio cultural de la nación y tienen serias dificultades de integrarse al sistema de pensiones, con las exigencias para su correcta distribución (censos e inscripción previa en el Sisbén), contribuiría a la formalización del sector, teniendo en cuenta las características propias de una labor que en gran parte del territorio colombiano continúa siendo una actividad social más que profesional. De acuerdo a cifras de la Asociación Colombiana de Actores, ACA, solo el 50% de ellos cuenta con un título y apenas el 10% con una maestría. Lamentablemente el pasado viernes 20 de junio, el proyecto naufragó por falta de convocatoria por parte de la Cámara de Representantes a la comisión que debía surtir el último trámite consistente en la conciliación del texto que había surtido los 4 debates. El miércoles 17, el proyecto fue aprobado en el Senado en último debate. Ese mismo día ya el Presidente de la Cámara había viajado a Chile.
La seguridad social en salud tiene cobertura universal en el Estado Colombiano, y su prestación es obligatoria todos los ciudadanos. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una normatividad que busca que todos los colombianos gocen del beneficio del régimen de seguridad social en salud, a través del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Los Ministerios del Trabajo y de Cultura habían trabajando en la construcción de un nuevo decreto que reglamentara el uso de los recursos de la estampilla, orientándolos hacia el otorgamiento de subsidios económicos para creadores y gestores culturales. Sin embargo, en el largo camino se encontraron inconvenientes operativos, técnicos y legales que plantearon la necesidad de trabajar en la formulación de un proyecto de ley que modificara la Ley 666 de 2001 (y en consecuencia la Ley 397). De esta manera creadores y gestores culturales contarían con una contribución suplementaria para complementar la pensión y el ahorro, que se sumaría a los beneficios de los programas para el adulto mayor ya existentes. Se calcula que entre 3.500 y 5.000 personas se beneficiarían del subsidio complementario, recibiendo cerca de medio salario mínimo adicional, así como una porción para estimular el ahorro. En el país, para 2011 el recaudo era de $83.665.637.950 millones. En Bogotá el recaudo se inició en 2002 y trece años después se han recaudado por este concepto $9 millones 445 mil pesos que están en los bancos a la espera de la reglamentación de la Ley 397. Sin embargo, el proyecto que permitiría desbloquear la distribución del recaudado de la estampilla, y los demás procesos conexos, no logró concluir los trámites necesarios. Se espera que en la próxima legislatura se radique con un mensaje de urgencia para que se adelante un deber conjunto de Cámara y Senado.
En Bogotá Humana, se ha trabajado en avanzar en la garantía de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio desde la primera infancia como un derecho de todos y parte de una educación formal de calidad. Sin duda, las políticas culturales en Bogotá en los próximos años, deberán fortalecer la organización, el emprendimiento y la profesionalización del sector. En Francia, país cuyas políticas culturales han impactado tanto las nuestras, año a año las subvenciones especiales para artistas y agentes del sector, son constantemente amenazadas. Como con otros proyectos de Ley que fortalecen el sector, debemos perseverar, a ver si no nos gana la Copa América.
Clarisa Ruiz – Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.
El terror también azota en junio
Así como celebramos avances contra la discriminación en el mundo, no podemos dejar de mencionar con dolor e indignación los atentados contra personas y el ambiente que ensombrecen diferentes países. Uno fue un ataque racista, otros han derivado en daños inconmensurables a ríos y fauna. La violencia de este pasado viernes es la misma sombra que envuelve principalmente a Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria. Todo ello interpela la dimensión cultural, entendida de una manera expandida, más allá de la restringida oferta cultural en la que pretenden encasillarla. Las políticas culturales han sido herramientas de poder para los gobiernos, de un modo u otro, como instrumentos de normalización e institucionalización nacional, o de regeneración. Sin desistir de su compromiso con la producción, las institucionales culturales tienen un compromiso con la construcción de una cultura de paz en el mundo. ¿Cómo hacerlo sin comprometer el principio del arm’s lenght, sin comprometer las autonomías y la independencia, sin dejar de abrirse a la participación de manera cada vez más concreta? He aquí uno de los retos de toda política cultural.
